El oficio de la abogacía es un servicio de justicia gratuita que garantiza y financia el Estado, en diversos países, para todos los acusados ante la Ley, que no poseen los recursos financieros para cancelar los servicios de un abogado para su respectiva defensa.
El oficio de la abogacía tiene como propósito garantizar el derecho a la defensa de los acusados, el derecho a la tutela judicial y el derecho a la igualdad, como un deber y obligación del Estado, está fuertemente relacionado con la responsabilidad social y moral y el respeto a los derechos.
¿Quiénes llevan a cabo el oficio de la abogacía? -mas del tema apriete aquí-
Este servicio es prestado por los abogados de oficio o de turno, quienes lo hacen de manera voluntaria, como parte de su compromiso y responsabilidad profesional, siempre y cuando se pruebe que los acusados no cuenten con los recursos para pagar.
En esta área participan tanto abogados novatos que apenas dan sus primeros pasos en el terreno profesional, como los juristas más experimentados, pues es una excelente forma de poner en práctica las acciones que caracterizan su actuar y al mismo tiempo contribuir con su compromiso con la sociedad.
En ocasiones, pueden recibir algún subsidio por parte del gobierno, pero esto no quiere decir que son empleados públicos específicamente. Entre otras cosas, resulta importante diferenciar los abogados de oficio de los abogados pro bono, ellos son quienes prestan sus servicios de forma generosa a causas públicas, para así contribuir a la sociedad.
¿Cuáles son los requisitos para acceder al oficio de la abogacía y qué ofrece?
Para que el Estado asigne un abogado de oficio, se debe ser una persona física y jurídica sin los recursos económicos para el pago de su defensa, esto se comprueba. En suma, se debe comparecer ante los tribunales por derechos propios y no debe ser calificado como indefendible.
Por otra parte, el oficio de la abogacía proporciona asesoramiento previo al proceso judicial, seguido de la defensa y la representación sin costo, tanto por un abogado como por un procurador, durante todo el desarrollo del proceso judicial.
Asimismo, garantiza la ayuda legal del personal técnico o cualquier funcionario adscrito en los organismos dependientes de la administración pública, según sea el caso o la necesidad, además de la exoneración de los pagos de tasas y el acceso a copias, testimonios, actas notariales y publicación de anuncios en periódicos oficiales sin costo alguno.